17-09-2010 / El proyecto de ley que prevé la garantía de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas ingresó esta tarde a la Cámara Baja. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Confederación General del Trabajo y recibió críticas de sectores empresarios.
El proyecto de ley que prevé la garantía de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados.
La iniciativa anunciada la semana pasada por el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, cuenta con el apoyo dela Confederación General del Trabajo (CGT) y recibió críticas de los sectores empresarios.
El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias se instrumentará, en principio, en aquellas empresas con más de 300 empleados y un nivel de rentabilidad alta y, a los dos años de su promulgación, abarcará además a las que tengan hasta 100 trabajadores, según el artículo 31 de la norma.
Además, la iniciativa prevé que las ganancias que se distribuirán entre el personal serán calculadas sobre la utilidad anual de la empresa, descontando el pago de impuestos y las inversiones.
También, establece que la proporción de ganancia que corresponderá a cada trabajador se determinará en base a la antigüedad, la categoría de convenio y el nivel salarial, quedando excluidos los directivos y gerentes de las empresas.
La distribución de ganancias se concretará una vez por año fiscal y tendrá carácter no remunerativo, por lo que estará exceptuada del pago de aportes y contribuciones patronales, y no será contemplada sobre la base salarial sobre la que se computa el pago del impuesto a las Ganancias.
Además, fija que una parte del monto de ganancias a distribuir será destinado a crear un fondo solidario que financiará programas de asistencia o ayuda a trabajadores en negro y desocupados que perciben la asignación universal por hijo.
El texto prevé además la creación del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, que será la autoridad de aplicación de la ley y estará conformado por 12 miembros, cuatro del estado, cuatro dela CGT y cuatro representantes de asociaciones de empleadores suficientemente representativas.
En la norma, quedan exceptuadas las empresas que tengan menos de dos años, a partir de la aprobación de la ley, y las de bienes y servicios de hasta cuatro años de antigüedad.
Finalmente, la iniciativa prevé que la asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa.
La iniciativa anunciada la semana pasada por el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, cuenta con el apoyo de
El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias se instrumentará, en principio, en aquellas empresas con más de 300 empleados y un nivel de rentabilidad alta y, a los dos años de su promulgación, abarcará además a las que tengan hasta 100 trabajadores, según el artículo 31 de la norma.
Además, la iniciativa prevé que las ganancias que se distribuirán entre el personal serán calculadas sobre la utilidad anual de la empresa, descontando el pago de impuestos y las inversiones.
También, establece que la proporción de ganancia que corresponderá a cada trabajador se determinará en base a la antigüedad, la categoría de convenio y el nivel salarial, quedando excluidos los directivos y gerentes de las empresas.
La distribución de ganancias se concretará una vez por año fiscal y tendrá carácter no remunerativo, por lo que estará exceptuada del pago de aportes y contribuciones patronales, y no será contemplada sobre la base salarial sobre la que se computa el pago del impuesto a las Ganancias.
Además, fija que una parte del monto de ganancias a distribuir será destinado a crear un fondo solidario que financiará programas de asistencia o ayuda a trabajadores en negro y desocupados que perciben la asignación universal por hijo.
El texto prevé además la creación del Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, que será la autoridad de aplicación de la ley y estará conformado por 12 miembros, cuatro del estado, cuatro de
En la norma, quedan exceptuadas las empresas que tengan menos de dos años, a partir de la aprobación de la ley, y las de bienes y servicios de hasta cuatro años de antigüedad.
Finalmente, la iniciativa prevé que la asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa.
Publicación del diario El Argentino -
Entindades empresariales rechazaron el proyecto sobre participación de ganancias
Alrededor de seis entidades empresarias se pronunciaron en contra del proyecto de ley de participación laboral en las ganancias porque “choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita”. Además, indicaron que no tiene “consenso empresarial”, y que siempre impulsan negociaciones colectivas para resolver “positivamente” las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores.
El pronunciamiento fue hecho por los presidentes de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega ; de la Cámara Argentina de la Construcción , Carlos Wagner; de la Sociedad Rural , Hugo Biolcati; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; y Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez.
Los titulares de las entidades empresarias mantuvieron este mediodía un encuentro en la sede de ADEBA, en el centro porteño, y emitieron luego un comunicado conjunto. "El proyecto de ley de participación laboral en las ganancias y control sindical de los resultados fue la cuestión dominante del encuentro, por la gran preocupación que despierta una iniciativa de semejante alcance, proyectada sin consenso empresarial, en un tiempo en que el país necesita un muy fuerte aumento de la inversión que genere más empleo y desarrollo", coincidieron las entidades patronales.
Recordaron que para cuestiones de este tipo "la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone la consulta tripartita previa (Gobierno, trabajo, empleadores) y es un compromiso de rango constitucional asumido por Argentina, porque el acuerdo constituye un mecanismo indispensable para resolver toda cuestión como la planteada".
Según el comunicado de prensa, las seis entidades empresarias "rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas".
Los empresarios también tuvieron "unanimidad de opiniones" respecto a que "esta situación se agrava aún más en un contexto en el cual la imposibilidad de ajuste de los balances por inflación genera una fuerte distorsión en el resultado de los mismos".
Las entidades empresarias remarcaron que "siempre impulsaron la negociación colectiva como la práctica idónea para resolver positivamente las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores" y que "mediante acuerdos colectivos, se posibilitó que los ingresos de los trabajadores del sector formal convencionado hayan experimentado en los últimos años incrementos bien superiores a la inflación real".
Estos incrementos, según el comunicado de prensa, han posicionado "los salarios en dólares de los trabajadores argentinos muy por encima de los de la región y de muchos de los países con los cuales compiten nuestros productos".
Por último, tras manifestar su "confianza en el diálogo", las entidades empresarias coincidieron en que "este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos".
Los titulares de las entidades empresarias mantuvieron este mediodía un encuentro en la sede de ADEBA, en el centro porteño, y emitieron luego un comunicado conjunto. "El proyecto de ley de participación laboral en las ganancias y control sindical de los resultados fue la cuestión dominante del encuentro, por la gran preocupación que despierta una iniciativa de semejante alcance, proyectada sin consenso empresarial, en un tiempo en que el país necesita un muy fuerte aumento de la inversión que genere más empleo y desarrollo", coincidieron las entidades patronales.
Recordaron que para cuestiones de este tipo "
Según el comunicado de prensa, las seis entidades empresarias "rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas".
Los empresarios también tuvieron "unanimidad de opiniones" respecto a que "esta situación se agrava aún más en un contexto en el cual la imposibilidad de ajuste de los balances por inflación genera una fuerte distorsión en el resultado de los mismos".
Las entidades empresarias remarcaron que "siempre impulsaron la negociación colectiva como la práctica idónea para resolver positivamente las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores" y que "mediante acuerdos colectivos, se posibilitó que los ingresos de los trabajadores del sector formal convencionado hayan experimentado en los últimos años incrementos bien superiores a la inflación real".
Estos incrementos, según el comunicado de prensa, han posicionado "los salarios en dólares de los trabajadores argentinos muy por encima de los de la región y de muchos de los países con los cuales compiten nuestros productos".
Por último, tras manifestar su "confianza en el diálogo", las entidades empresarias coincidieron en que "este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos".
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